La política de combate al narcotráfico impulsada por el gobierno de Donald Trump en su segundo mandato ha sobrecargado al Poder Judicial de Estados Unidos, que ahora enfrenta una grave crisis presupuestaria. Según cartas enviadas por la Conferencia Judicial al Congreso, el sistema judicial no cuenta con recursos suficientes para sostener los procesos derivados de la intensa campaña contra el crimen organizado, especialmente tras la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
La administración Trump ha ordenado priorizar juicios rápidos contra líderes y colaboradores del narcotráfico, equiparando estos delitos con actos de terrorismo. Esto ha elevado los costos operativos de los tribunales, que deben garantizar representación legal a los acusados y procesar expedientes complejos con personal limitado. La Conferencia Judicial denunció un déficit de 391 millones de dólares entre lo solicitado para 2025 y lo asignado por el Congreso, advirtiendo de posibles congelamientos en contrataciones y suspensión de pagos a abogados designados por tribunales.
Especialistas, como el académico Héctor Herrera Capetillo, han señalado que esta presión presupuestal responde a la expansión de competencias que exige la actual estrategia de seguridad. Los tribunales ya no sólo deben procesar delitos relacionados con narcóticos, sino también con migración, trata de personas y terrorismo. Este escenario ha llevado al Poder Judicial a advertir que los retrasos y falta de pagos podrían afectar el derecho constitucional a un juicio rápido y justo, deteriorando aún más la efectividad de la justicia federal.
En respuesta a la política estadounidense, México ha intensificado su cooperación con Washington. El 27 de febrero de 2025, realizó una extradición masiva de 29 narcotraficantes, incluyendo figuras históricas como Rafael Caro Quintero y miembros de alto rango de los Zetas, el Cártel de Juárez y el CJNG. Esta acción, parte del Operativo Frontera Norte, se dio luego de amenazas de Trump de imponer aranceles si México no actuaba contra los cárteles que, según él, controlan partes del país y son responsables de la crisis del fentanilo en EE.UU.
Mientras tanto, en cortes estadounidenses se desarrollan procesos de alto perfil contra Ismael “El Mayo” Zambada y dos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes podrían colaborar con las autoridades. La estrategia de Trump ha sido bien vista por sectores conservadores, pero ha encendido alarmas por el riesgo de una escalada de violencia y tensiones diplomáticas, como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum. El Poder Judicial estadounidense, sin embargo, queda atrapado en el centro de una estrategia que le exige resultados rápidos sin los medios adecuados.
INFORMACIÓN DE EL SOL DE MÉXICO
