Funcionarios del gobierno federal calificaron como “ofensivas, infundadas y carentes de ética” las declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor legal de Ovidio Guzmán, quien acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La polémica se desató luego de que Lichtman —durante la audiencia del 11 de julio en la que Ovidio se declaró culpable de cargos por narcotráfico en una corte de Chicago— señaló que la mandataria mexicana actuaba como un “brazo de relaciones públicas” del grupo criminal, tachando sus discursos como “hipócritas” y “ridículos”.
Ernestina Godoy condena las declaraciones
En respuesta, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, condenó los señalamientos y los calificó como “absolutamente falsos e inverosímiles”, acusando al abogado estadounidense de violar los principios éticos de su profesión y de intentar dañar la imagen del Estado mexicano.
“La presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer honesta, comprometida con la legalidad y respetada por millones de mexicanos. Sus acusaciones merecen el repudio nacional”, afirmó Godoy.
“Exigimos respeto para la presidenta y para México. Nuestro país se respeta aquí y en cualquier parte del mundo”, sentenció.
Sheinbaum niega cualquier vínculo con el crimen organizado
Desde Sinaloa, la presidenta Sheinbaum también respondió, calificando los dichos de Lichtman como “irrespetuosos” y recalcando que no existe ninguna complicidad ni contubernio con organizaciones delictivas.
“No tenemos nada que ver con ese caso, ni como gobierno federal ni como Presidencia. Es un proceso que corresponde a la FGR y a las autoridades de Estados Unidos”, declaró.
Un choque mediático y diplomático
El abogado Lichtman, conocido por representar a figuras del narcotráfico como Joaquín “El Chapo” Guzmán, reiteró sus declaraciones un día después a través de redes sociales. En su publicación, acusó a Sheinbaum de estar “molesta por mis comentarios veraces sobre su gobierno corrupto”, lo que elevó la tensión diplomática entre ambos países.
Las declaraciones de Lichtman surgen en medio de un acuerdo de culpabilidad negociado entre Ovidio Guzmán y la justicia estadounidense, que incluye el pago de 80 millones de dólares y su posible inclusión en el programa de protección de testigos.
El gobierno mexicano ha dejado claro que no permitirá que se use el proceso judicial de Ovidio Guzmán como plataforma para ataques políticos sin fundamento contra sus instituciones y representantes.
