José Gregorio Aguilar / TN
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La reciente aprobación de la reforma a la Ley de Amparo por parte del Senado ha encendido preocupaciones entre juristas y defensores de derechos humanos. Gilberto Ávalos Martínez, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Tamaulipas, advirtió que los cambios impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum podrían representar un retroceso en la protección jurídica de los ciudadanos, especialmente en causas colectivas y derechos difusos.
Entre los puntos más polémicos, Ávalos destacó la redefinición del “interés legítimo”, que limitaría la posibilidad de promover amparos únicamente a personas directamente afectadas. Esto dejaría fuera a organizaciones, colectivos y afectados indirectos que históricamente han utilizado el amparo para defender derechos en temas como medio ambiente, salud pública, derechos humanos y protección al consumidor.
El abogado penalista también alertó sobre la reducción de casos en los que un juez puede suspender provisionalmente actos reclamados, como bloqueos de cuentas bancarias, órdenes de aprehensión o medidas cautelares.
“Las suspensiones son a menudo el único freno inmediato ante actos que pueden causar daños irreparables”, señaló.
Desde su perspectiva, la reforma debió mantener la posibilidad de suspensiones en casos de riesgo grave e irreparable, con criterios públicos y motivados. Además, subrayó la necesidad de garantizar recursos para la digitalización y el acceso igualitario a la justicia.
Aunque la iniciativa busca agilizar procedimientos, Ávalos Martínez advirtió que en la práctica podría dejar a las personas en mayor vulnerabilidad jurídica frente a actos de autoridad. “Limitar el amparo es limitar el derecho a defenderse”, expresó.
Recordó que en 2024 ya hubo críticas por reformas que acotaron las suspensiones generales, y que volver a restringirlas puede dejar sin protección inmediata a quienes enfrentan abusos de poder.
La reforma fue aprobada la noche del 1 de octubre por mayoría de votos en el Senado, y forma parte de una serie de ajustes legislativos que han generado debate sobre el equilibrio entre eficiencia judicial y garantías constitucionales.
