Ministros concluyen que los estados no acreditaron afectaciones constitucionales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que fue conforme a la Constitución la desaparición de más de un centenar de fideicomisos federales decretada en 2020, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de redirigir esos recursos para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.
En sesión celebrada este lunes, el pleno del máximo tribunal aprobó por unanimidad ocho proyectos presentados por el ministro Arístides Guerrero García, en los que se planteó la validez del decreto que ordenó la extinción de dichos mecanismos financieros.
Al respaldar los proyectos, la Corte ratificó la legalidad del decreto publicado en noviembre de 2020, al concluir que las entidades federativas que promovieron acciones de inconstitucionalidad no demostraron una afectación directa a sus atribuciones constitucionales derivada de la desaparición de los fideicomisos.
Los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas —gobernados en ese momento por fuerzas de oposición— impugnaron la medida al considerar que afectaba fondos destinados a rubros como ciencia, cultura, deporte, atención a víctimas y cambio climático, entre otros.
No obstante, el ministro ponente señaló que las demandas se sustentaron en argumentos generales sobre los beneficios de los fideicomisos, sin acreditar de manera concreta la vulneración de competencias reconocidas en la Constitución.
De acuerdo con estimaciones oficiales, los recursos concentrados en la Tesorería de la Federación tras la extinción de los fideicomisos superaron los 68 mil millones de pesos.
Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa expresó su desacuerdo con la eliminación del fideicomiso destinado a la atención de víctimas, al considerar que cumplía una función social relevante.
INFORMACIÓN DE LATINUS
