La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la figura de revocación de mandato, incluida en su propuesta de Plan B de reforma electoral, no será de carácter obligatorio para los próximos titulares del Poder Ejecutivo, aunque sí permanecerá como un mecanismo disponible en la Constitución.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que este instrumento busca que la ciudadanía evalúe la continuidad del gobierno en turno, pero subrayó que su aplicación dependerá de la decisión de cada presidente. “No es obligatorio que todos se sometan, pero la figura existe”, puntualizó.
Sheinbaum recordó que, en su caso, ha asumido el compromiso de someterse a este ejercicio, al considerar que forma parte de los principios impulsados por el movimiento de la llamada Cuarta Transformación.
En cuanto a la fecha para llevar a cabo este proceso, indicó que aún no se ha definido si coincidirá con las elecciones intermedias de 2027 o si se realizará en 2028. Añadió que, para activar la consulta, será necesario el aval del Congreso o la recolección de un número determinado de firmas ciudadanas.
Respecto a los cambios propuestos, detalló que se plantea permitir que el titular del Ejecutivo pueda pronunciarse sobre la revocación de mandato, algo que —señaló— no ocurrió durante el ejercicio realizado en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) limitó su participación.
No obstante, la presidenta rechazó que esta medida tenga fines partidistas o de promoción política, y aseguró que únicamente se busca informar y fomentar la participación ciudadana.
Asimismo, precisó que la propuesta contempla que no se utilicen tiempos oficiales ni propaganda gubernamental en radio, televisión u otros medios para promover la consulta, manteniendo restricciones en la difusión institucional.
Finalmente, Sheinbaum reiteró que el objetivo es fortalecer la participación democrática sin comprometer la equidad ni el uso de recursos públicos, al tiempo que defendió su iniciativa como un mecanismo para que la ciudadanía tenga mayor incidencia en la evaluación del gobierno.
Información de El Financiero
