*La presidenta consideró que la medida impulsada por el PAN va en contra de una educación con igualdad y no discriminación
Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este miércoles su rechazo a la reforma aprobada por el Congreso de Chihuahua, la cual prohíbe el uso de lenguaje inclusivo en las aulas públicas y privadas de esa entidad.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada por Publimetro México sobre la iniciativa impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN) y respondió de manera contundente:
“Pues que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo”, declaró Sheinbaum desde el Salón Tesorería.
Reforma contra el lenguaje inclusivo
La medida, promovida por el diputado panista Carlos Olson, modifica el artículo 8º de la Ley Estatal de Educación con el argumento de “fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”.
En la práctica, la reforma prohíbe el empleo de expresiones de lenguaje inclusivo como “todes”, “niñes” o “compañeres” en el entorno escolar, bajo la premisa de preservar la “estructura formal del idioma”. Con esta decisión, Chihuahua se convierte en el primer estado del país en establecer una restricción explícita de este tipo en el ámbito educativo.
Un debate que trasciende lo lingüístico
La postura de Sheinbaum abre un nuevo frente de debate entre el gobierno federal y el Congreso local, al tocar temas relacionados con la identidad, la inclusión y los derechos humanos.
Mientras el PAN sostiene que el español “ya es inclusivo por naturaleza” y que imponer nuevas formas de hablar representa una forma de “autoritarismo lingüístico”, sectores académicos, feministas y de la comunidad LGBTIQ+ han advertido que la reforma borra avances en igualdad de género y vulnera los principios de no discriminación.
Organizaciones civiles y especialistas en educación también han señalado que la medida contradice el marco federal que garantiza una enseñanza con enfoque de igualdad.
Próximos pasos y posibles impugnaciones
El decreto aún debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua para entrar en vigor. Aunque no establece sanciones directas, obliga a las instituciones educativas a priorizar el uso del español tradicional y evitar términos no reconocidos por la Real Academia Española (RAE).
Expertos en derecho constitucional advierten que, de considerarse que la norma limita derechos fundamentales como la libertad de expresión o la igualdad, podría ser impugnada ante organismos de derechos humanos o tribunales federales.
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