La medida entra en vigor en febrero y anticipa una batalla legal con gobiernos locales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del 1 de febrero se suspenderá la entrega de recursos federales a los estados que permitan la operación de ciudades santuario para inmigrantes, como parte de su política de mano dura contra la migración irregular.
A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el mandatario informó que no se realizarán más transferencias de fondos federales a las entidades que, a su juicio, brindan protección a personas en situación migratoria irregular. Trump acusó a estos estados de fomentar la criminalidad y la violencia, y sostuvo que, si deciden mantener dichas políticas, deberán asumir los costos económicos.
No es la primera vez que el presidente adopta medidas contra estados con legislaciones más flexibles en materia migratoria, entre ellos California, donde diversas ciudades han sido señaladas por limitar la cooperación con autoridades federales de inmigración.
El anuncio se da en un contexto de creciente tensión social, particularmente en la ciudad de Minneapolis, donde se han registrado enfrentamientos entre civiles y agentes federales de inmigración tras el asesinato de Renee Nicole Wood, una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, ocurrido la semana pasada. El caso ha intensificado las críticas contra el uso de la fuerza por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Desde su regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato, Trump ha mantenido una confrontación constante con estados gobernados por demócratas, a los que acusa de ser permisivos con los inmigrantes indocumentados. El presidente ha cuestionado que en esas entidades se permita a estas personas acceder a licencias de conducir y que los hijos nacidos en Estados Unidos reciban servicios de salud y otros apoyos sociales.
Se prevé que la orden ejecutiva para suspender los fondos federales sea impugnada ante los tribunales por los estados y ciudades afectadas, e incluso que el Congreso intervenga, al considerar posibles violaciones a la Constitución estadounidense.
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