TN/Altamira, Tamaulipas.
La exdiputada federal por Veracruz, Gabriela Arango Gibb, fue detenida y puesta a disposición de un juez por los delitos de sustracción y retención de menores, luego de permanecer prófuga de la justicia durante siete meses en un caso que incluso derivó en la activación de una Alerta Amber.
La exlegisladora del Partido Revolucionario Institucional y exdirectora del Instituto Municipal de la Mujer de Tuxpan fue localizada y capturada en el estado de Puebla, mediante un operativo coordinado entre elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
De acuerdo con las autoridades, la orden de aprehensión en su contra se originó por la presunta sustracción y retención ilegal de su propia nieta, una menor de apenas un año y tres meses de edad, a quien habría retirado del domicilio de su exnuera sin autorización, violentando además los protocolos de protección infantil.
El caso generó gran preocupación pública debido a que la menor permaneció desaparecida durante más de siete meses, situación que obligó a las autoridades a activar los protocolos de búsqueda y emitir una Alerta Amber México para su localización.
Tras su captura, Arango Gibb fue trasladada inicialmente a los separos del C5 de Puebla, para posteriormente ser trasladada al sur de Tamaulipas, donde quedó a disposición del Poder Judicial del Estado.
Actualmente se encuentra internada en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, mientras se desarrolla el proceso legal en su contra dentro de la carpeta de investigación NUC 603-2025.
Autoridades ministeriales señalaron que la detención representa un avance importante en la investigación, luego de que se mantuviera el seguimiento del caso durante varios meses hasta lograr ubicar y detener a la exfuncionaria.
En torno a la exlegisladora también han circulado señalamientos relacionados con presuntos delitos como falsificación de documentos, amenazas, fraude y falsificación de firmas, lo que ha generado mayor controversia alrededor del caso.
Será un juez quien determine su situación jurídica en las próximas etapas del proceso, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer completamente los hechos que han generado amplia atención pública.
Información: Erik Huerta
