Por José Gregorio Aguilar / TN
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto que permitió la creación de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado, al considerar que hubo violación al procedimiento legislativo, el presidente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, afirmó que sí es procedente un juicio político en contra de los legisladores de Morena.
En rueda de prensa, detalló que llevará este tema hasta sus últimas consecuencias y que exigirá juicio político en contra de la ex presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Úrsula Salazar Mojica, por la creación de este órgano directivo durante la pasada 65 Legislatura, porque fue una acción ilegal.
“Señalamos a la diputada Úrsula Salazar Mojica, como la responsable y sobre la cual la ley debe fincar sanción. Su papel en las irregularidades no puede pasar inadvertido, y la justicia debe actuar en consecuencia para garantizar que se cumpla con las normativas, para que no haya impunidad en esta interpretación a modo, que lo único que representa es un acto ilegal”.
Los Ministros determinaron invalidar el Decreto 65-619 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, publicado el 8 de julio de 2023.
“Emprendimos un acto de notificación para que no se hagan los desentendidos, se notificó de manera formal y clara al Congreso y partes involucradas para evitar cualquier alegato de desconocimiento o desentendimiento; vamos a llegar hasta allá, hasta donde podamos, hasta las últimas consecuencias”.
Y subrayó: “no hay para dónde se hagan, la transparencia ha sido un pilar de nuestra actuación, y es fundamental que todos los actores pertinentes estén debidamente informados para que no haya margen de maniobra en cuanto a su responsabilidad”.
Por su parte, el asesor jurídico de la fracción parlamentaria del PAN, Julián Coronado, sostuvo que se ha considerado que expedir un decreto sin votos es algo muy grave que puede hacer un legislador al ser ésta su principal función.
“La Corte lo dijo muy claro, se requerían 24 votos, expidieron un decreto por 19, entonces sí son conductas muy graves que pudieran configurar esa causal de juicio político”, refirió.
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