El avance en la judicialización de las denuncias que interpuso el gobierno del Estado a través de las diferentes dependencias va lento.
Lo anterior es una realidad, en la que no tiene culpa ni la Contraloría, como tampoco la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Es decir, tanto NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO y TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ.
Ambas servidoras públicas han cumplido, al interponer las denuncias respectivas ante dependencias como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Incluso, ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Sin embargo, los primeros obstáculos para que las denuncias avancen, se judicialicen y sancionen a quienes cometieron irregularidades en el ejercicio de sus funciones, en el sexenio 2016-2022, han sido precisamente sus titulares.
Afortunadamente la Fiscalía Anticorrupción ya no tiene como titular a RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA y la judicialización de expedientes podría ser más ágil siendo el fiscal JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO.
El problema ahora se enfoca en el Tribunal de Justicia Administrativa, a menos de que el sentido de sus resoluciones sean más prontas como expeditas, al turnar la Contraloría 15 casos más, que involucran a un promedio de ex titulares de área en la anterior administración estatal.
Y aunque pudiera decirse que el resultado de las denuncias va lento, la realidad de las cosas es que algo se ha logrado avanzar, no obstante a la lucha jurídica que han dado los presuntos implicados.
En el avance hay cuatro ex funcionarios del frustrado gobierno de los vientos del cambio que han sido inhabilitados, dos de ellos son legisladores en el Congreso local, toda vez que supieron defenderse, al menos hasta ahora.
Otros están vinculados a proceso, como el caso concreto de quienes estuvieron en dependencias como Educación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Contraloría del Estado, Administración y otras.
Desde luego que la labor de NORMA ANGÉLICA y TANIA GISELA es simple y sencillamente hacer del conocimiento sobre las presuntas irregularidades encontradas como parte del proceso de entrega – recepción.
Corresponderá en todo caso a otra instancia, determinar si realmente son presuntos culpables o si finalmente les asiste la razón a los inculpados.
Lo cierto es que también los presuntos implicados tienen derecho a defenderse y la Contraloría o Consejería aportar más elementos contundentes de prueba.
Preparados habría que estar, porque vendrán nuevas resoluciones, que a más de uno dejará sorprendido. En fin.
